UN EXJEFE DE LA DEPARTAMENTAL, A JUICIO POR COBRAR CONTRIBUCIONES A CAMBIO DE PROTECCIÓN

Son ocho los comisarios involucrados. Todo indica que prometían seguridad a los negocios e instituciones, además de otorgar vía libre a las whiskerías.

El fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, elevó a juicio una causa en la que están involucrados ocho altos funcionarios de la Policía de la Provincia de Córdoba y cinco civiles de la Cooperadora Policial de la Seccional 1 de la capital provincial, en todos los casos por estar sospechados de brindar seguridad a cambio de contribuciones, de acuerdo a lo confirmado por el funcionario judicial a El Diario.

Entre los acusados se encuentra el exjefe de la Departamental San Justo de Policía, Marcelino Ricardo Galarza, quien en abril de 2016 había asumido dicho cargo el que cumplió hasta 2018.

 

 

Los demás sospechados

Además de Galarza, en la elevación a juicio el fiscal de Instrucción incluyó a los siguientes comisarios que, entre 2008 y 2013, dirigieron la Seccional Primera de la ciudad de Córdoba: Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Alvarez, Carlos Osvaldo Cejas, Osvaldo Emilio Arias, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán y Amado Rafael Núñez.

A los jefes policiales mencionados se suman otras cinco personas, todas civiles, que integraron la cooperadora creada en esa jurisdicción del centro cordobés, quienes sería responsables de la autoría de los delitos de "exacciones ilegales, cohecho pasivo, trata de personas mayores de 18 años agravada y promoción de la prostitución ajena".

Es decir, entre todos los que deberán comparecer ante la Justicia, habrían protegido a sujetos que regentearon prostíbulos a cambio de contribuciones y pago de dinero para la aludida cooperadora policial.

 

 

Aportantes

En su resolución el fiscal Senestrari precisa que los comisarios mencionados "solicitaron, exigieron e hicieron pagar indebidamente de manera periódica diversas sumas de dinero a responsables o dependientes de entidades comerciales, bancarias, educativas y sindicales de Córdoba capital, a cambio de ofrecerles y/o brindarles protección o seguridad policial".

Entre las instituciones que se vieron en la obligación de entregar periódicamente sumas de dinero a la cooperadora, además de destacados comercios se encuentra la Universidad Blas Pascal, la Alianza Francesa, el Colegio de Arquitectos, UEPC, el Banco Hipotecario, el Banco Julio, el Círculo de Gendarmería, el Colegio de la Inmaculada, la Universidad Siglo 21 e, incluso, el Banco Nación.




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