Un debate bien argentino
Acostumbrados a las exageraciones y a los debates sin final, los dirigentes políticos se hallan en un ir y venir de expresiones que no van al fondo del asunto, teñidas por prejuicios ideológicos y por una historia reciente que renegó de todo lo que significó el concepto de orden social, quizás basada en la experiencia trágica que significó el accionar de las fuerzas armadas en el último período no democrático.
Creció hasta niveles impensados la discusión que se ha abierto en
el país en torno al nuevo protocolo sobre utilización de armas de fuego
decretado por el gobierno nacional para las fuerzas de seguridad federales. La
medida, apoyada por una mayoría de la población según sostienen varios sondeos
de opinión, fue cuestionada desde los sectores opositores y también desde
dentro de la coalición gobernante. Las diferentes encuestas señalan que el
apoyo ronda entre el 60 y el 75%.
El protocolo establece las condiciones en las cuales un efectivo de una fuerza de seguridad federal está habilitado para usar su arma de fuego en situaciones en los que está en juego su vida o la de terceros. Destierra de esta manera el concepto anterior, esgrimido por varios gobiernos, que prácticamente prohibía su utilización y terminaba judicializando al policía o gendarme si esto sucedía.
Las críticas llovieron desde fuego amigo y enemigo por usar términos vinculados con el tema. Que se intenta con la medida retener la simpatía de la clase media afectada por la inseguridad y que está perdiendo confianza en el gobierno debido a los desajustes económicos. Que las autoridades están virando ideológicamente hacia una corriente populista similar a la esgrimida por el presidente electo de Brasil. Incluso, directamente se dijo que es una medida propia del fascismo.
Acostumbrados a las exageraciones y a los debates sin final, los dirigentes políticos se hallan enfrascados en un ir y venir de expresiones que no van al fondo del asunto, están teñidas por prejuicios ideológicos y por una historia reciente que renegó de todo lo que significó el concepto de orden social, quizás basada en la experiencia trágica que significó el accionar de las fuerzas armadas en el último período no democrático. Tanto es así que el verbo reprimir -referido a situaciones violentas en la sociedad- ha sido vaciado de significado y se ha convertido en una mala palabra.
Así, cualquier referencia a la utilización de armas de fuego es motivo suficiente como para que arda la discusión y se pierda la necesidad de reflexionar. En este marco, bien argentino por cierto, una propuesta de la diputada Elisa Carrió puede mostrar el camino. Después de azuzar la polémica en las redes sociales con no menos controvertidas expresiones sobre el tema, pareció bajar un poco el tono de sus apreciaciones críticas y propició que sea el Congreso el que determine el marco regulatorio para las fuerzas de seguridad del país. Es decir, que quienes dicen representar al pueblo asuman esa responsabilidad y dejen de "rosquear" haciendo solo proselitismo en cada una de sus acciones. Y si representan a la ciudadanía, tengan en cuenta la casi utópica aspiración social de vivir en paz y con seguridad.