Por una verdadera ética pública
. Instalar un verdadero ejercicio de la ética pública es una obligación, una responsabilidad y una deuda pendiente de la dirigencia política.
Recientemente ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Ética Pública que fuera anunciado por el presidente de la Nación en su discurso de apertura del período ordinario de sesiones del Congreso Nacional. De acuerdo a lo que se ha informado, la iniciativa determina reglas, deberes y prohibiciones para el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional y determina como principios, entre otros, los siguientes: igualdad de trato, imparcialidad, integridad, prudencia, razonabilidad, transparencia, austeridad y rendición de cuentas.
La simple enumeración del párrafo anterior abre la puerta al pesimismo. Todos los valores encarnados en esos conceptos muchas veces fueron pisoteados por acciones de gobierno que en nada respetaron la ética, protagonizadas por funcionarios que abusaron del poder otorgado por el pueblo en las urnas. Basta revisar someramente el lodazal en el que se mueve hoy la acción política en la Argentina y las implicancias jurídicas de esta situación para tomar nota de que una ley de ética pública, con tantas otras normas ha ocurrido, puede convertirse en texto muerto aunque sea aprobada por unanimidad en las dos cámaras.
De todos modos, el texto del proyecto recoge numerosos reclamos de la ciudadanía en torno a lo que debe ser la acción de cualquier gobernante. Por ejemplo, "rechazar cualquier beneficio personal derivado de la realización, retardo u omisión de un acto inherente a la función"; "velar por el uso adecuado de la información adquirida en ejercicio de sus funciones", y "poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación ilícita o irregular de la que tuvieren conocimiento". Asimismo, prohíbe el nepotismo en distintos grados de la administración pública y establece mecanismos para solucionar posibles -a veces inevitables- conflictos de intereses.
Por ello, se trata de un proyecto que merece ser aprobado por las Cámaras del Congreso. Y que debiera ser reglamentado de forma perentoria para que entre en vigor lo más rápido posible. Luego, será necesario que la ética comience, por fin, a regir la acción de los que acceden a los cargos públicos. Porque resulta incontrastable que el deterioro moral y la debacle axiológica son causas también determinantes de la actual coyuntura negativa que vive el país.
Ser funcionario público significa estar al servicio del interés general. Como cualquier servicio debe estar anclado en principios y fundamentos éticos. La bibliografía de las ciencias del Derecho en esta materia es abundante, pero poco tenida en cuenta a la luz de la realidad. Es que la experiencia de los últimos años -quizás décadas- demuestra que el abuso en el ejercicio del servicio público es muy extendido. Son innumerables los casos de funcionarios del Estado, en cualquier nivel o cargo, que subordinan el interés general a intereses diversos y sectoriales. Algunos incluso llegan a delinquir tan solo por satisfacer sus ambiciones personales.
En este contexto deberá discutirse el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Parlamento. Instalar un verdadero ejercicio de la ética pública es una obligación, una responsabilidad y una deuda pendiente de la dirigencia política.