Policía, delito y corrupción
Es de esperar que la acción judicial en Río Cuarto llegue hasta las últimas instancias y, si cabe, haga caer el peso de la ley con toda su fuerza sobre los jefes policiales que ignoraron el mandato social y mancharon la imagen de la institución policial.
El gobierno de Córdoba decidió descabezar la cúpula de la Unidad Departamental Río Cuarto de la policía en virtud de los escándalos en los que se vieron envueltos altos jefes de esa repartición, especialmente los referidos a la vinculación de algunos de ellos con bandas de narcotraficantes y ante la sospecha de complicidad con algunos ambientes del hampa, reflejados en una ola de crímenes importante en el sur cordobés y las revelaciones de una investigación judicial por narcolavado.
Este último caso tomó repercusión nacional por la enorme cantidad de ramificaciones que se van encontrando en el accionar de las organizaciones de narcotraficantes, la vinculación con ciertos jefes policiales y el monto llamativo de dinero que se maneja, lo que hizo especular a algunos especialistas que en Río Cuarto se están viviendo situaciones similares a las que son habituales en otras ciudades atravesadas por este flagelo, como por ejemplo Rosario.
El ministro de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Massei, encargado de anunciar los cambios en la conducción de la Policía de Córdoba en la Unidad Departamental Río Cuarto, admitió que "hay episodios de resonancia que han ocurrido en la ciudad de Río Cuarto que tuvieron implicancia" en esta decisión. Reconoció además que los índices de criminalidad registrados en el Imperio del Sur y su zona de influencia en los últimos tiempos "están muy por fuera de la normalidad". Dijo que "Río Cuarto terminó 2018 con una tasa de homicidios de 4 por cada 100 mil habitantes. Esto de ahora por supuesto que sale de la normalidad y como gobierno lo que tenemos que hacer es tomar las medidas necesarias para revertir esta situación".
Los cambios en la cúpula policial riocuartense dan cuenta de que todavía la corrupción no ha sido desterrada en algunos ámbitos de la fuerza de seguridad cordobesa. Y que algunos hombres de uniforme -por fortuna una minoría- son arrastrados por ambiciones de poder o monetarias hacia el delito. Lo que ya de por sí es una conducta reprochable desde el derecho y también desde la moral, adquiere proporciones difíciles de explicar cuando su protagonista es un jefe policial que, supuestamente, debe encarnar todo lo contrario para la sociedad.
De allí a que la generalización englobe a todos los miembros de la policía hay un paso. Pero es falso porque no es verdad la extendida idea de que la institución policial es corrupta en su totalidad. Pero ante hechos como el que originó esta columna, las alforjas de la gran mayoría de policías honestos se cargan aún más de reproches, confusión y desasosiego. Aun en este contexto, son muchos los que cumplen con su misión con honor e hidalguía. Lo hacen por vocación y por convicción. Y se obstinan en demostrar a la sociedad que la podredumbre no es general.
Es de esperar que la acción judicial en Río Cuarto llegue hasta las últimas instancias y, si cabe, haga caer el peso de la ley con toda su fuerza sobre los jefes policiales que ignoraron el mandato social y mancharon la imagen de la institución policial. Lo mismo debe suceder en cualquier sector del territorio cordobés. Porque será la única forma de proteger y enaltecer el trabajo de los policías que se juegan la vida y cuya función es esencial para cualquier comunidad.