LEY DE ALQUILERES: SE RETOMA EL DEBATE EN DIPUTADOS Y LA OPOSICIÓN BUSCA CONSENSUAR UN ÚNICO PROYECTO

Varios bloques de la oposición impulsarán cambios como la reducción de los contratos de tres a dos años y los acuerdos entre propietarios e inquilinos sobre la modalidad de actualización

Luego de varias semanas, se retomará el debate por la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados. A partir de las 13 se reunirán las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que encabezan Cecilia Moreau y Carlos Heller, y según anticiparon algunas fuentes legislativas, la expectativa es que se emitan dos dictámenes sobre el proyecto de reforma a la ley vigente.

El Frente de Todos propone mantener la ley vigente, votada hace dos años, y sumar algunos beneficios fiscales a los propietarios que alquilan sus inmuebles para mejorar la oferta de viviendas; en tanto, varios bloques de la oposición impulsarán cambios como la reducción de los contratos de tres a dos años y los acuerdos entre propietarios e inquilinos sobre la modalidad de actualización.

Las modificaciones a la Ley de Alquileres fueron analizadas durante un mes por la comisión de Legislación, pero como en los proyectos se incluyeron incentivos fiscales, debían pasar previamente por la comisión de Presupuesto. Las principal diferencia entre el oficialismo y los bloques opositores es que el Frente de Todos mantiene los principales artículos de la ley votada en 2020, como los tres años de contrato y la actualización anual con un índice que combina inflación y variación salarial. Por su parte, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal proponen volver a los dos años y ajustes semestrales acordados entre las partes.

La Ley de Alquileres entró en vigencia hace dos años, pero a los pocos meses sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las últimas elecciones legislativas. A fines del año pasado, el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones. En su momento, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.




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