Es oficial: pidieron juicio político a la jueza Garay
La presentación fue hecha por la legisladora Carolina Basualdo. La magistrada de nuestra ciudad quedó en medio de la polémica luego de otorgarle prisión domiciliaria a un hombre que violó a su hija. Los abogados solicitaron la excarcelación por temor al contagio de coronavirus.
Finalmente fue realizado el pedido de juicio político contra una jueza de San Francisco por haberle otorgado prisión domiciliaria a un hombre condenado por violar a su hija y además no haber notificado de la medida a la víctima.
La presentación fue hecha por la legisladora Carolina Basualdo (Hacemos por Córdoba) contra la jueza de Ejecución Penal María Teresa Garay.
Según trascendió, la magistrada argumentó el arresto domiciliario de Antonio Puntonet (61) diciendo que el hombre, que fue condenado a ochos años de prisión, forma parte del grupo de riesgo ante el coronavirus.
Tras conocerse la medida y enterarse que la magistrada no notificó a la víctima, tal como lo establece la Ley Nº 27.372 de Derechos de las personas víctimas de delitos, Basualdo, presidenta de la Comisión de Equidad y Violencia de la Legislatura Departamental de Santa María, realizó la presentación del pedido de jury.
"Entendemos que la decisión que tomó la jueza vulnera la Justicia y los derechos de la víctima, ya que incurre en un error", dijo Basualdo en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO.
Y remarcó que la jueza "incumplió la ley", porque la víctima no estaba informada sobre el beneficio de la prisión domiciliaria que le otorgaron sin tobillera electrónica a su padre.
"Además, otros informes establecían que esta persona podía cumplir la pena en el sistema carcelario y no le impedía hacer el tratamiento por sus patologías", agregó.
La legisladora destacó que el caso es de una gravedad "muy importante" y exigió que la Justicia "esté a la altura de las circunstancias".
Basualdo presentó el pedido este viernes vía digital ante la Justicia y confirmó que lo hará en formato papel el próximo lunes.
La víctima había sido abusada sexualmente cuando tenía 14 años en Las Varillas, por lo que el hombre, de ahora 61, había sido condenado en febrero de 2019 a la pena de ocho años y tres meses de prisión, pero recién cumplió uno. Estaba alojado en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de nuestra ciudad y ahora cumple arresto domiciliario en la casa de su pareja, en barrio Hospital.
La voz de la víctima
Tras conocer la noticia del beneficio que recibió su padre, la joven escribió una carta en la que dijo: "El 23 de abril, fue un antes y un después. Me enteré por terceros que mi papá está libre. Desde ese día ya no me da más la cabeza. Y yo pregunto... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me tengo que enterar de esta forma? ¿Desde cuándo me soltaron la mano? Yo no pedí esto".
Además, la joven expresó: "Este es un escrito de parte de una persona que hoy ya no siente nada. Toda mi vida me movilicé para buscar lo mejor y cambiar la realidad que me aquejaba. Y así fue".
María Teresa Garay, jueza de Ejecución Penal (Archivo)
Informes médicos y de la fiscal
"Creo que se están violando los derechos de la víctima, en este caso tan particular ha otorgado la prisión domiciliaria a un violador que abusó precisamente de su hija. La jueza violó todos los términos de la ley. Toda la estructura legal prevista para la protección de las víctimas de delitos en nuestro país fue violada", insistió Basualdo.
Además, la legisladora se refirió a los informes médicos previos que anticipó este diario que desaconsejaban la excarcelación de Puntonet.
Dos informes con fecha 20 y 25 de marzo de 2020, firmados por los médicos forenses Mario Vignolo, Mariano Pispieiro y Luis Cornaglia advertían que Puntonet "tiene antecedentes de padecer patologías crónicas (HTA, diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca compensada)".
En tanto, "estar alojado en establecimiento carcelario no impide el adecuado tratamiento y el control de la evolución de su patología por lo que puede permanecer alojado en su lugar detención".
En otro de los párrafos de la denuncia, Basualdo hace referencia al informe presentado por la fiscal de instrucción Silvana Laura Quaglia, quiense pronunció en sentido negativo a la solicitud de liberación: "Considero que no existía mérito para hacer lugar a la prisión domiciliaria del nombrado, al menos en esta instancia y sin perjuicio de una análisis posterior de la medida. Dejándose expresamente sentado que, a la situación de covid-19 tanto en la esfera política, como de clínica médica y por qué no judicial, es una cuestión dinámica, pasible de cambios inmediatos y como tal debe ser tratada. Esto quiere decir que las resoluciones que se adopten en este sentido, pueden ser modificadas de acuerdo al avance o retroceso de este flagelo, siempre siguiendo las pautas que brinden los profesionales de la salud, a través de sus funciones específicas".
Por su parte, Roberto Secrestat, médico interno del penal de avenida Savio, en su informe sobre la salud de Puntonet alegó que "los controles sanguíneos deben ser realizados en el nivel hospitalario. No existe la probabilidad de realizar dichos controles en el Establecimiento Penitenciario N° 7".