Emilia Romanín: "Si resultamos perjudicados no nos queda otra alternativa que cerrar las puertas”
Desde la institución que atraviesa un conflicto judicial quieren una audiencia con el intendente García Aresca para comentarles la situación. El abogado que los representa avisó que quieren agotar la instancia de diálogo.
Las autoridades de la comisión directiva del Centro Cultural y Biblioteca Popular San Francisco, pedirán una audiencia al intendente Ignacio García Aresca para intentar lograr un compromiso de ayuda en el marco del conflicto jurídico que esta entidad atraviesa y que en los próximos días tendrá un nuevo capítulo cuando deba afrontar el primer juicio laboral de parte de una exempleada que puede derivar en el remate de la sede, al tratarse de una onerosa cifra económica. Será el próximo 26 de febrero.
Desde hace varios días, los miembros de la comisión directiva de la institución vienen llevando adelante una intensa campaña de difusión de la problemática por la que están atravesando, utilizando para ello las redes sociales en las cuales solicitan la colaboración de la comunidad.
Si bien la demanda judicial no lo precisa con exactitud, algunas fuentes estiman que la suma a abonar en caso de que así lo decida la Justicia, rondaría el millón de pesos.
La presidenta de la comisión directiva, Emilia Mirta Romanín, consideró que en estos momentos la institución está atravesando "por una fecha clave" con miras a este proceso judicial que inicia el 26 del corriente.
"Estamos en las últimas instancias en lo que hace al juicio laboral mientras que el proceso por el que se alude a la discapacidad producida por un accidente laboral se va a dirimir más adelante", comentó.
Aunque la denuncia es de una sola persona, las causas son dos. En el año 2009, esta exempleada sufrió un accidente al caer de una escalera. Por ello debió realizarse varias operaciones y permaneció sin trabajar por el plazo de un año.
El pago de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) en ese entonces -cuando había otra comisión a cargo- no estaba al día. Por consiguiente, la mujer afrontó los gastos con ayuda de la institución. Según se había explicado desde la actual comisión directiva, la deuda con la ART fue producto de la falta de fondos.
La demandante alegó en su momento que el accidente sufrido le produjo además un 40 % de discapacidad y además agregó otros puntos como abandono de persona, daño moral y psicológico.
Amenaza
Desde que comenzó la demanda judicial, la entidad dirigida por Romanín tiene una verdadera amenaza sobre su futuro inmediato debido a que se están manejando cifras muy importantes que pueden derivar en el cierre de la entidad.
"Si nosotros resultamos perjudicados en la sentencia de la Justicia y por ende no tuviéramos el monto para afrontarla así como tampoco el apoyo nacional, provincial o municipal, no nos queda otra alternativa que cerrar las puertas", expresó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.
Además, al recordar que "el único patrimonio que tenemos es el edificio" explicó que "si perdemos el juicio seguramente tendríamos que responder con la propiedad. No quisiéramos que vayamos a remate y en caso de tener que afrontar un fallo adverso intentaríamos vender el edificio", agregó.
No obstante, Romanín trató de llevar algo de calma en medio de la tempestad: "No estamos pensando en algo así porque en todo este tiempo estuvimos trabajando para normalizar la situación. Además no tenemos deudas impositivas luego de afrontar planes de pago que nos llevó un esfuerzo muy grande. Hicimos todo porque sabemos que había que cumplir con nuestras obligaciones impositivas y ahora estamos afrontando esto que es muy serio", indicó.
La crisis trae oportunidades
En medio de la crisis generada por este litigio judicial, la entrevistada reconoció que "en todo este tiempo se ha acercado mucha gente a asociarse nuevamente y expresarnos su apoyo", de manera que actualmente cuentan con un padrón de socios que ronda los 650 aportantes.
Claro que la magnitud del inconveniente que debe afrontar la entidad no se soluciona con el aporte de los socios. Paralelamente a ello se reciben fondos nacionales de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares mientras que la Provincia hace lo propio a través de la Agencia Córdoba Cultura.
Más allá de los aportes económicos, los directivos se están moviendo para interiorizar a las autoridades políticas sobre el conflicto que atraviesan.
"Nos reunimos con la legisladora Graciela Brarda quien tiene que informar sobre el hecho a la titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano. Desde la misma Agencia nos hicieron llegar su apoyo y nos dijeron que están analizando todas las posibilidades para ayudarnos a sortear estos inconvenientes".
A su vez explicó que mensualmente "contamos con un aporte desde hace muchos años por parte de la municipalidad, que contribuye a financiar nuestros gastos generales".
En cuanto a la provincia dijo que "a través del programa Córdoba Lee nos envían otros aportes en dinero y en libros que nos permite la compra de material bibliográfico".
"Nosotros no esperamos mucho más porque sabemos cómo está la situación y personalmente estamos acostumbrados a manejarnos de esta manera", comentó.
Los libros de la Biblioteca Popular son bastantes requeridos por la ciudadanía de San Francisco
Audiencia con el intendente
Tras señalar que en los próximos días "vamos a pedir una audiencia con el intendente" Ignacio García Aresca para interiorizarlo acerca de la problemática por la que atraviesa la entidad, igualmente dijo que lo van a invitar a participar de la asamblea abierta que se llevará a cabo el próximo sábado 16, a las 19.
"Ya hablamos con el secretario de Gobierno, Gustavo Piscitello y queremos hacerlo ahora con el intendente. Este es el ámbito más propicio para tomar contacto con el intendente para informarlo sobre la situación por la que estamos atravesando".
Agotar el diálogo
El abogado que representa al Centro Cultural y Biblioteca Popular, Damián Bernarte, se mostró confiado en llegar "a un acuerdo" entre partes antes de que se inicie el juicio.
"Queremos llegar a un acuerdo entre partes", aseguró el letrado quien además agregó que "entendemos que jurídicamente nos asiste la razón pero igualmente estamos dispuestos a dialogar anteponiendo el interés de la Biblioteca como institución pública a las posturas jurídicas que podamos tener".
"Queremos agotar una instancia de diálogo porque entendemos que las posturas serán revisadas por la otra parte. Creemos que no existirá una intención cierta y seria de tratar de generar acciones que pongan en riesgo la existencia de uno de los íconos de la ciudad y la región", agregó Bernarte, sobre la institución que cuenta con más de noventa años de vida.